La ley 24.051 del Código Penal que en sus artículos 55, 56 y 57 que sanciona y reprime con hasta prisión a las personas o empresas que afecten a la comunidad "utilizando residuos que envenenen, adulteren o contaminen de un modo peligroso a la salud, el sueldo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". Además, en el artículo 57 se hace mención a la responsabilidad de los titulares de los emprendimientos, y para ello se marca: "la decisión de una persona jurídica, se aplicará la pena a los directivos, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes e la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudieren existir".
En la ciudad de Nogoyá hay un gran problema de contaminación, que comenzó a verse, como pasa siempre, gracias a los propios vecinos del barrio San Carlos de esa ciudad quienes empezaron a quejarse por los olores y la emanación de efluentes de dos industrias pertenecientes a un grupo empresarial.
Se trata de las empresas Glicopharma y Bio Nogoyá que producen glicerina y biodisel respectivamente. Este movimiento de vecinos llegó a oídos del fiscal Federico Uriburu, quien dispuso varias medidas para establecer la veracidad de los comentarios que alertaban justamente de una tremenda contaminación en la zona. Luego de tener los resultados que demostraban un alto grado de contaminación existente, solicitó a la Municipalidad que dé a conocer los nombres y apellidos de los responsables de las dos empresas, como también de los directivos o empresarios que tengan que ver directamente con el emprendimiento industrial "para proceder a la citación en carácter de imputado, de quién resulte en el cargo de las mencionadas personas jurídicas", de acuerdo a la misma nota del Fiscal de la causa.
Tras esto, se conoció que la Municipalidad de Nogoyá, al constatar la contaminación en el Barrio San Carlos, se dispuso paralizar la producción de ambas empresas, hasta tanto se subsanen los inconvenientes que son de público conocimiento. De esa manera las firmas deberán realizar una serie de obras y plantas de tratamientos de los efluentes y el Fiscal una vez que tenga identificados a los responsables, los citará para que designen abogados y conozcan de la imputación formal para su correspondiente declaración indagatoria.
Ahora bien, pensemos un poco sobre lo que tenemos en Colón. Nuestra ciudad no cuenta con empresas industriales que afecten al ambiente con la contaminación de sus residuos, dado que la nuestra es una "industria turística" por excelencia. Pero fuera de la ciudad en sí, hay empresas que tiran efluentes a los arroyos, que derivan en el río Uruguay de una forma u otra, por los dos arroyos que la rodean: el Artalaz y La Leche.
Si a todo esto -que puede comprobarse a simple vista- le sumamos que toda la producción cloacal de la ciudad va en forma directa al mismo río dado que las piletas de decantación no funcionan, que el mismo líquido -por decirlo de una manera sensible- en muchas oportunidades sale directamente a las calles, van a las zanjas o cordones cunetas y de ahí siguen el camino hasta donde sea, más el lago de lixiviados que existe en el basural del Barrio San Francisco que va al mismo río, podríamos decir que la situación de contaminación es brutal y, consecuentemente con esto, pedir a un fiscal que, señalando la misma ley 24051 del Código Penal y hasta los mismos artículos, el municipio deba cerrar sus puertas por un lapso determinado y que proceda a la solución inmediata del problema de contaminación, sometiendo a un proceso judicial a los funcionarios responsables.
Pero claro, tengamos en cuenta que hoy por hoy es solo un sueño, porque es casi imposible que una fiscalía tome este caso en sus manos contra la política local y, obviamente, es prácticamente imposible que el mismo municipio solucione algunos de estos problemas, al menos en lo inmediato.
Como siempre, el amigo Pedro Calderón de la Barca tenia razón: "...la vida es sueño, y los sueños... sueños son".
Lucas M. Beber
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