En el día de la fecha, un grupo de vecinos de esta ciudad formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el Intendente Municipal, José Luis Walser; el Secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y el Director de Áreas Naturales, Juan Rougier.
La acción judicial, presentada por los damnificados Vanesa Orta, junto a otros vecinos damnificados, fue recibida por la Fiscalía de Colón bajo el cargo de recepción de fecha 28 de julio de 2025.
La denuncia imputa a los funcionarios los delitos de Contaminación Ambiental Agravada (Ley 24.051), Lesiones Graves y Gravísimas (Art. 90 y 91 C.P.), Abandono de Persona (Art. 106 C.P.) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 C.P.), a raíz del catastrófico incendio iniciado el 2 de julio en el basural municipal.
Según consta en la denuncia, el hecho provocó gravísimas consecuencias en la salud de la población. Se destaca el caso de un vecino, quien padece de EPOC severo —condición certificada por la propia Municipalidad— y debió ser ingresado en dos oportunidades en el Hospital San Benjamín, los días 15 y 19 de julio, por cuadros de intoxicación derivados de la inhalación del humo tóxico.
El escrito hace referencia a que otros vecinos sufrieron afecciones respiratorias y que el humo afectó a más de 3.000 personas.
La presentación judicial argumenta que el siniestro fue el resultado de una década de negligencia, que transformó un predio "provisorio" en un foco de riesgo permanente. Se señala como agravante la decisión de la actual gestión de desistir de una solución definitiva ya aprobada por Ordenanza N.º 43/2017 y la intensificación del uso del vertedero.
Uno de los puntos más graves de la denuncia refiere a que, según testimonios de vecinos, al inicio del fuego se habría impedido el ingreso de los Bomberos Voluntarios al predio, y que los propios funcionarios admitieron públicamente el origen "intencional" del incendio, sin que conste la radicación de una denuncia por parte del municipio.
Junto con la denuncia, se ha solicitado una serie de medidas de prueba, incluyendo peritajes ambientales y médicos, y la citación a declarar de testigos y funcionarios.
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