De acuerdo a lo establecido por la legislación actual, un equipo de profesionales de la salud llevó adelante un aborto de los denominados "no punibles" a una menor de 11 años en el Hospital Nicolás Avellaneda, de la localidad de San Miguel de Tucumán.
A partir de ese momento el hostigamiento hacia la médica que practicó el aborto no se detiene. Mediante mensajes por whatsapp, intimidaciones, fotos de la médica y datos privados de la niña que fue víctima de un abuso son parte de los escraches a la ginecóloga infanto-juvenil Fabiana Reina, quien desde su rol de miembro del Servicio de Ginecología del hospital, que tiene un área especializada para tratar casos de abusos infantiles, llevó adelante la semana pasada una interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años, víctima de un abuso, quien había acudido al lugar acompañada por su madre, quien dio su aval para llevar adelante el procedimiento médico.
Por su accionar la médica podría llegar a ser investigada por una fiscal, lo que ocasionó el repudio generalizado de distintas organizaciones sociales y profesionales.
La abogada Soledad Deza, quien asesora jurídicamente a la Dra. Fabiana Reina, aseguró que resulta "inadmisible que se someta a escrutinio a una profesional que hizo su trabajo como corresponde." Soledad Deza también es miembro del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, y afirmó que los distintos movimientos de las últimas horas tendientes a revelar datos de la profesional que llevó adelante la interrupción del embarazo de la niña no hacen más que "denostar a los médicos" y exhibir "un gran desconocimiento" de la legislación vigente por parte de las autoridades.
Antecedentes
En marzo de 2012 (caso "F.A.L"), la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible "sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito".
En el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán también tuvo lugar en 2014 el llamado "Caso Belén", la joven que llegó hasta el lugar con un aborto espontáneo y que pasó más de tres años encarcelada. En 2017, el máximo tribunal de esa provincia ordenó, tras más de 900 días presa, su liberación por considerar que la detención "fue irregular".
Uno de los tantos casos legales que aún así son puestos en tela de juicio. Y tengamos presente algo fundamental: la niña tiene 11 años, señores, 11 años... Su cuerpito no soportaría, de acuerdo a médicos consultados, todo el proceso del embarazo... y como si ésto fuera poco, fue violada.
Lucas M. Beber
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