Sabemos que en un allanamiento, la fuerzas de seguridad (el cuerpo que sea) entra al lugar sacando la puerta de cuadro, dan vuelta todo patas para arriba, buscan, sacan, revisan hasta el papel higiénico, sacan de nuevo, abren cajones, cajas, bolsas... y todo porque tienen una orden judicial que los avala. Perfecto, la justicia da la orden, la policÃa o GendarmerÃa actúa en consecuencia, buscando las pruebas que cree encontrar. Y no interesa si es una casa de familia, un taller mecánico, el cementerio de la Recoleta o una iglesia o templo religioso... entran igual.
Las fuerzas actúan con escudos, cascos, chalecos antibala, armados hasta los dientes. También está bien. Son las fuerzas de seguridad y hacen su trabajo.
Se ha hablado mucho sobre Maldonado, su desaparición, la culpabilidad de GendarmerÃa, la culpa de los mapuches, una recompensa de dos millones de pesos por datos fehacientes sobre el paradero, marchas, contramarchas, protestas y un sin fin de etcéteras.
Ahora... que la justicia no pueda ordenar que se ingrese a determinadas tierras mapuches porque son "sagradas", que un mapuche revise a un gendarme para asegurarse que no lleve armas, y que nadie pueda tocar una piedrita de ese lugar -insisto- "sagrado" mapuche, ya excede los lÃmites de la imaginación y nos marca una realidad del "como estamos".
Con ese criterio judicial de no "invadir tierras sagradas", los que cometen delitos pueden pintar algún sÃmbolo que les guste en sus puertas y si la policÃa interviene, exigir que se respete su "propiedad sagrada".
Vamos bien...
Lucas M. Beber
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