El 9/12/2015, 40 familias adquieren un lote de 219 m2 cada una. Luego de abonarlo, pasa a nombre del Instituto Municipal de Tierra y Viviendas local y empiezan las gestiones para la construcción. Al no tener novedades, los propietarios hacen el reclamo al Instituto por sus casas y éste, por intermedio de su Director A. Camanduli (secretario gremial del SiTraM) "gestiona" con el IAPV. Sin novedades por un tiempo, los propietarios presentan una nota al Ministro Rogelio Frigerio, quien estaba en la ciudad de San José por su 160° aniversario en julio de este año. Una simple gestión de vecinos bastó para poner en movimiento el proceso. Por esto se generó una serie de movidas por parte de los políticos locales como entrevistas radiales y demás cuestiones que alimentan sus egos políticos y pasan a ser, en cuestión de segundos, víctimas.
El 31/07/2017 se celebró en HCD una reunión donde intervienen las partes del gobierno Nacional, Concejales, del Ejecutivo, del Instituto y delegados de los vecinos. Se pactaron 4 puntos habiendo estado todos de acuerdo:
- Las 40 familias debían presentar una nota al Instituto para que retrotraiga la cesión que ya había efectuado al IAPV del terreno.
- Representantes del Instituto pedirían a los vecinos, la documentación nueva para hacer una suerte de “reauditoría” de cada grupo familiar, lo que decidiría el tipo de plan de viviendas para cada caso, por parte de Nación.
- Avanzar en las investigaciones sobre el terreno adquirido, ya que el mismo es inviable, y determinar los costos de acondicionamiento.
- El Instituto realizaría un relevamiento de los posibles terrenos a adquirir en caso de que el ya comprado resulte descartado,
De los 4 puntos, sólo se cumplió con el primero: las familias presentaron la nota por la retrocesión del terreno, pero desde el Instituto nunca se informó nada sobre el avance del proceso.
Sabiendo cómo son las cosas en el municipio y lo poco que demuestran preocuparse por cuestiones como éstas, los vecinos decidieron avanzar por su cuenta una vez más. Con un ingeniero hídrico analizaron el terreno actual e inmediatamente fue descartado, dado que se trata de un desagüe natural, donde confluye el agua de todos los terrenos linderos. El ingeniero explicó que este lote en particular debería declararse “Reserva Natural”.
Los vecinos entonces averiguaron con propietarios e inmobiliarias la ubicación, disponibilidad, tamaño y precios de posibles terrenos a adquirir, para lo cual se debía considerar el dinero que se les debería devolver -suma que se acerca a los $ 3.000.000, y que en caso de haber una diferencia que saldar, los vecinos se harían cargo.
Con toda la información recopilada, presentaron una nueva nota al Instituto Municipal, acercándoles los datos recabados, y en virtud de todo lo que ya se había dilatado este tema, les otorgaban un plazo de 10 días hábiles para que respondieran o convocaran a los vecinos a una reunión al efecto. Esos 10 días se vencieron el pasado 06/09.
Luego que este tema volviera a aparecer en los medios y con pruebas fehacientes de la inoperancia del Instituto y las personas que están a cargo de él, han aparecido comentarios que el Instituto estaría a punto de cerrar la negociación de la compra de un nuevo terreno. Lo que parecería una buena noticia, no lo es por los siguientes puntos:
- El terreno no es inundable como el primero, pero no reúne otras condiciones que exigen las políticas habitacionales de la Nación, como por ejemplo lo alejado que se encuentra del casco urbano, de la sociedad.
- Tendría que “devolverse” el terreno anterior ($1.800.000), y abonar más de $ 1 millón, por lo que estarían adquiriendo un terreno de 1 ha a un valor de casi $3.000.000, siendo que en la misma zona, un predio de 2 ha, tiene un precio $ 2.5 millones.
- Los legítimos propietarios del terreno original, son las 40 familias, y no han participado en la negociación, pero el Instituto estaría disponiendo de un inmueble ajeno, por lo que se podría realizar la correspondiente denuncia penal.
Es de considerar que la principal responsable de esto es la Diputada Miriam Lambert, por ser la Presidenta del Instituto, quien no ha participado de esto, sino otros funcionarios municipales que no están relacionados con el Instituto. Inclusive el Concejal Celso Villamayor, como representante del HCD en dicho Instituto, pidió que se los cite para intervenir en este asunto, con resultado negativo.
Acá es donde podemos considerar casi hasta negligente el actuar -si es que se confirma la información-, ya que no sólo es volver a hacer una “compra errónea” (el primero era inundable y este no cumpliría los requisitos), y más aún teniendo en cuenta que ya los vecinos habían hecho el trabajo de campo, de investigación, y le habían facilitado toda la información. Inclusive se lo podría haber hecho en conjunto, pero deciden mantener el silencio para con los afectados. Queda demostrado que una vez más el desinterés por resolver el problema que generó la compra de un terreno que se sabía inundable, tanto por su propietario anterior como por el mismo Instituto, pasando por la -hoy- Diputada Lambert que intercedió -de acuerdo a sus propias palabras- en esta compra.
Y después nos preguntamos por qué no progresamos.
Lucas M. Beber
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