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martes, 25 de julio de 2017

La vivienda... y la política.

El problema de la vivienda es una cuestión de estado para el intendente -de acuerdo a las palabras de la diputada Lambert-. Y es cierto. Hoy tenemos muchas familias que quisieran tener su casa propia, y luchan día a día por eso. Claro, los resultados no siempre son los esperados y pueden pasar años hasta que lo consiguen. O sea, es un estado crítico.

En nuestra ciudad existe el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda -IMTyV- CUIT 30-71509725-3, creado por ordenanza número 87/2013, aprobada por unanimidad. De acuerdo a la misma, las autoridades serían un presidente, un vicepresidente, un director secretario y dos vocales. Por ordenanza 69/2014 esto se modifica y queda compuesto ahora por siete miembros: un representante del Ejecutivo (como presidente); dos representantes del Concejo; un representante por cada gremio con personería jurídica que representen a trabajadores municipales, designado por el Ejecutivo (fijate en este dato); un representante de la Caja de Jubilaciones y un representante de una ONG relacionada con la problemática. Luego se vuelve a modificar con la ordenanza 26/2015, siendo ahora once miembros, cambiando los dos concejales anteriores por uno de cada bloque, y en vez de un representante de ONGs, ahora son tres.

Recién el 18 de noviembre de 2015 encontramos la designación del representante del poder ejecutivo por decreto 1096/2015: Miriam Lambert, por entonces secretaria de Políticas Sociales y Salud. Luego por decreto 796/2016 de fecha 31 de octubre de ese año, siendo ya diputada, es elegida nuevamente. Esto es relevante, siendo que actualmente Miriam Lambert ocupa un cargo electivo y no debería estar ocupando un cargo administrativo en el municipio.

De acuerdo al boletín oficial, el Instituto adquiere un terreno, por autorización de la ordenanza 35/2015, promulgada por el ejecutivo por decreto 657/2015 del 29 de junio de 2015. Se habría pagado $ 1.832.740 a Juan Cristian Forclaz. 

El 27 de octubre de 2015 se aprueba por ordenanza 80/2015 el "Programa Social de Acceso a terreno y vivienda" del IMTyV para la construcción de 40 viviendas bajo el "PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS" (curioso nombre para las viviendas locales). y faculta al Instituto una vez realizada la operación autorizada mediante Ordenanza Nº 35/2015 (compra del terreno), a efectuar la venta de cuarenta (40) lotes, del mismo terreno adquirido. 

El artículo 8 de la misma ordenanza 80/2015 dice que no se podrá construir nada que no sea con ese programa (de urbanización de villas), pero se modifica con la ordenanza 50/2016 (del 6/7/2016) el articulo 1 dejando solo "...para la venta de 40 lotes y posterior construcción de 40 viviendas" y se deroga el articulo 8 original, casi 7 meses después de efectuada la "venta" pagada en su totalidad por cada uno de los titulares.

Cuarenta familias (sorteadas entre 120) compraron al Instituto Municipal de Tierra y vivienda un terreno de 219 m2, por $ 45.818 (cada uno), el día 9 de diciembre de 2015. Pero en el papel que está firmado por Lambert (presidenta del IMTyV) y Camanduli (director del IMTyV), habla del "promitente vendedor" de un terreno que estaban haciendo los trámites aún para la adquisición. Los 40 lotes, por otra parte hoy inexistentes, no están escriturados individualmente y este terreno (comprobado en Catastro de la municipalidad y en la Escribanía Mayor de Gobierno de la provincia, en Paraná). pertenece al tan mentado Instituto. (hoy partida provincial 163744, plano de mensura 54564, DU 115043). No existe boleto de compra venta de propiedad, ni sellado, ni certificación de escribano público de los intervinientes en el pseudo contrato.

Al no tener novedades respecto a la construcción de las viviendas, los "promitentes propietarios" se empiezan a quejar y, después que el IMTyV presente un par de empresas para que cada uno de ellos construya la casa que quiera (y que no fueron aceptadas), el IMTyV les dice que el terreno debía ser transferido en "cesión" al IAPV para que éste instituto se hiciera cargo de la construcción. Los adjudicados aceptan y firman el "convenio de cesión" al IAPV en noviembre de 2016, pero sólo se registran las firmas de los "compradores titulares" sin representantes del Instituto, porque el Instituto carece de personería jurídica. 

Por su parte, el Concejo por ordenanza 104/2016 "Refrenda los convenios suscriptos por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda de la ciudad de Colón con los adjudicatarios de los lotes …”  Y la ordenanza se aprobó por unanimidad, lo que es probable que nadie más que ciertas personas interesadas en este "proyecto" hayan sabido bien de que se trataba.

El mismo día (el 30/11/2016) por ordenanza 105/2016 se faculta al IMTyV para efectuar la donación al I.A.P.V. de los lotes de su titularidad dominial (propiedad). Es decir que el instituto cede su propio terreno que en realidad es de las 40 familias… y el 5/12/2016, el intendente emite el decreto 892 que promulga la ordenanza anterior (105/2016).

A ver, pensemos un poco y veamos algunos detalles para dejar un poco en claro este tema:

  • El Instituto piensa en comprar, autorizado por ordenanza, un terreno por poco mas de $ 1.800.000.
  • Ese terreno lo adquirieron 40 familias al IMTyV, siendo que hay papeles firmados que lo avalan y lo pagaron al municipio en una cuenta a tal efecto, pero el mismo Instituto lo compró al propietario, con el dinero de las mismas 40 familias. El pago fue pactado entre el Instituto y las familias al contado o el 50% inicial más 4 cuotas iguales de $ 5.700. Y el terreno está escriturado a nombre del IMTyV…
  • No se hace nada porque parece que desde Nación no se continuó con el plan previsto (erradicación de villas) o bien -para variar- no había proyecto por el que "gestionar".
  • Al reclamar los adjudicados y pagadores al "promitente" vendedor, Camanduli propone un par de empresas, las cuales no son aceptadas.
  • Luego de un tiempo, se les dice a los vecinos que el terreno debe ser cedido al IAPV.
  • El instituto local no puede donar nada porque no tiene personería jurídica, por lo tanto no es "algo" legalmente constituido para estas cosas a nivel "externo" a la ciudad. Mucho menos con la provincia. Por ese motivo, les hacen firmar la donación a quienes habían pagado los lotes pero es raro porque los "propietarios" no tienen nada que garantice su propiedad y todo está a nombre del mismo Instituto.

Entonces... ¿qué pasa con esos terrenos? ¿Que pasa con esas familias? ¿Por qué está todo a nombre del Instituto, siendo que quienes realmente pagaron esos lotes fueron las 40 familias? Ninguna familia puede pedir un crédito porque no tiene el título de propiedad ni escritura. Y el colmo de todo: la diputada Lambert es la presidenta del Instituto, y Camanduli (sindicalista) el único director conocido. No se sabe qué otras autoridades existen en el Instituto y aún no han respondido el pedido de informes que le hiciéramos el 12 de abril de este año.

Una más y van…

Lucas M. Beber
#YoOpino2017
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