por Elena R.
Los aportes a la obra social OSER se descuentan obligatoriamente de nuestros haberes. No podemos elegir otra opción: el dinero se nos retiene directamente de los recibos y, a cambio, cada vez nos sentimos más desamparados.
En mi caso, aporto más de $50.000 mensuales. Sin embargo, para acceder a una consulta médica tengo que pagar el coseguro y, además, los llamados «plus» que cobran los médicos para poder seguir atendiendo. A esto se suma que los reintegros por medicamentos son mínimos y que muchos ni siquiera cuentan con cobertura.
Hoy tuve que pagar una consulta médica para conseguir las recetas necesarias para tramitar el reintegro de algunos medicamentos. Finalmente, el costo de la consulta fue superior al ahorro que obtuve en la farmacia. En definitiva, en algunos casos termina siendo más beneficioso comprar los medicamentos como paciente particular, sin utilizar la obra social.
Y esto es apenas una parte del problema. La falta de cobertura de numerosos tratamientos, las dificultades para conseguir médicos con ciertas especialidades en la zona y los inconvenientes que se presentan con las internaciones conforman un panorama preocupante.
Lo más grave es que, cuando la obra social no cumple con sus obligaciones, pareciera que la única alternativa para obtener una respuesta es contratar un abogado e iniciar una acción judicial. Cada afiliado termina teniendo que defenderse por su cuenta, con el costo económico y el desgaste que eso implica.
¿Dónde están los organismos que deberían defender los derechos de miles de personas que estamos en esta situación? ¿Dónde están los controles y las responsabilidades institucionales? No puede ser que cada afiliado tenga que recurrir a sus propios recursos para conseguir una prestación que debería estar garantizada.
La situación resulta todavía más difícil de comprender cuando el propio Gobierno provincial intervino la obra social y asumió responsabilidades en su gestión, mientras los afiliados percibimos que se han reducido servicios y que el funcionamiento ha empeorado. ¿Quién responde por esta situación? ¿Quién protege a quienes aportamos obligatoriamente y dependemos de esa cobertura para cuidar nuestra salud?
Hay algo profundamente injusto en esta realidad: se nos exige cumplir con nuestros aportes, pero no tenemos la posibilidad de elegir dónde hacerlo ni garantías equivalentes de atención. Debemos pagar obligatoriamente por un servicio que nos obliga a realizar gastos adicionales para acceder a prestaciones básicas.
Creo que lo más preocupante es sentir que hemos pasado de vivir en una sociedad donde, con todas sus falencias, existían mecanismos e instituciones que funcionaban como resguardo de nuestros derechos fundamentales, a una realidad en la que ese amparo parece estar desapareciendo. Hoy cada persona queda librada a sus propios recursos para defenderse, como si el acceso a derechos básicos dependiera de cuánto dinero puede gastar para reclamarlos.
Cuando hablamos de salud, hablamos de algo esencial, no de un privilegio. ¿Qué protección nos queda cuando las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos dejan de hacerlo? ¿Qué ocurre con quienes no pueden pagar un abogado, afrontar los gastos de un juicio o siquiera tienen fuerzas para iniciar un reclamo?
Aclaro que estas palabras son, por ahora, una forma de expresar y sacar de mi cuerpo el malestar y la indignación que me genera esta situación. Si llegado el momento tuviera que recurrir a la Justicia para defender mis derechos, lo haré, aunque eso implique afrontar costos que hoy no puedo prever y que podrían ser mucho mayores si necesitara una internación o un tratamiento que la obra social no cubriera.
Pero, más allá de mi situación personal, escribo también pensando en tantas personas que atraviesan problemas de salud mucho más graves, que se encuentran desamparadas y que no tienen los recursos económicos, físicos o emocionales para iniciar una acción judicial. Mi intención es también solidarizarme con ellas y poner en palabras una preocupación que seguramente compartimos muchos afiliados.
No deberíamos naturalizar esta situación ni aceptar que la única salida sea que cada persona se defienda como pueda. El acceso a la salud, la protección de nuestros derechos y la responsabilidad de quienes administran los recursos públicos no pueden quedar librados a la capacidad individual de reclamar.
Es indignante y desalentador sentir tanta desprotección, tanta injusticia y tan poca sensibilidad institucional. Porque una sociedad no se mide solamente por los derechos que reconoce en sus leyes, sino también por la capacidad real de garantizar que esos derechos se cumplan, especialmente cuando las personas están enfermas y más necesitan protección.