Ante la situación de emergencia económica en discapacidad, son muchos los que se encuentran con sus derechos humanos básicos vulnerados: salud, trabajo y educación de las personas con discapacidad.
Ha habido casos donde el acceso al CUD es negado. En tales casos, se debe presentar un reclamo ante la Junta Evaluadora o el organismo provincial encargado de otorgarlo (el IPRODI). Si la negativa persiste, se puede interponer una acción judicial, en este caso el amparo.
En Entre RÃos se encuentra vigente la Ley Nº 9.891, modificada por la Ley Nº 10.592, la que establece la obligación del Estado y las empresas de contratar a personas con discapacidad. El cupo laboral que la misma prevé es del 4% de los puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Hoy, su cumplimiento es insuficiente.
Las personas con discapacidad enfrentan otros factores limitantes para ingresar al mercado laboral, como poca preparación de las empresas para recibirlas y la falta de información sobre cómo deben ser sus espacios de trabajo.
Esperemos esto empiece a solucionarse de una vez por todas...
Fuente|Uno
