El punto central es determinar si el vehículo oficial se utilizó correctamente en un viaje que combinó una actividad institucional con descanso familiar. Para eso, la Justicia deberá revisar si existió una invitación formal, quién autorizó el traslado, qué parte del recorrido fue oficial, quién pagó los gastos y si hubo recursos públicos destinados a fines particulares.
La causa investiga un posible delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que contempla penas de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Sin embargo, todavía debe establecerse si los hechos encajan en esa figura penal.
El artículo también explica que podría existir la posibilidad de un juicio abreviado, pero aclara que no fue anunciado por la defensa y que no debe darse por hecha una negociación. Una eventual condena menor a tres años tampoco implica automáticamente que la pena pueda cumplirse en suspenso.
Por ahora, la defensa cuestiona la calificación legal y sostiene que sus representados hablarán cuando hayan estudiado las pruebas. La Fiscalía, por su parte, deberá reunir elementos para sostener la imputación.
La discusión de fondo es sencilla: **¿se usó un bien municipal dentro de las reglas o hubo un beneficio particular?** La respuesta tendrá que surgir de documentos y pruebas, no de especulaciones. Los vecinos tienen derecho a conocer cómo avanza la causa, sin condenar anticipadamente a nadie, pero también sin perder de vista la responsabilidad de quienes administran recursos públicos.
Fuente:A1 Noticias – Litoral, 19 de octubre de 2026 | https://cutt.ly/uyRbSfYn
